En julio del 2006 las imágenes de 5 mossos d'esquadra, o policía catalana, torturando a un indefenso ciudadano rumano en las dependencias de este cuerpo dieron la vuelta al mundo. Seis años después, y por segunda vez, los policías son indultados mientras crece el reclamo social ante la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Hasta los jueces critican la medida. Con una rabia antes desconocida.
Fueron grabados en cámara oculta por la consejería de interior del gobierno catalán, dispuesta entonces a investigar si de verdad había malos tratos en las comisarías de los Mossos d'Esquadra. El video dejó todo en claro. La visión en prime time de la paliza que aquellos cinco agentes dieron a un hombre indefenso marcaron un punto y aparte pues mostraron lo que muchos sabían pero el estado negaba: el uso sistemático de la tortura por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que todos los informes de Amnistia Internacional señalaban desde los inicios de la democracia en España.
[caption id="attachment_187" align="aligncenter" width="512"]
Represión policial en España: septiembre del 2012 / Imagen (CC) librered.net[/caption]Tras un largo proceso judicial los victimarios fueron condenados. El reciente indulto del gobierno español a estos torturadores, tras un primer indulto recurrido en la Audiencia de Barcelona, ha sublevado no solo a la sociedad civil sino también a 200 jueces que la consideran una afrenta al poder judicial además de un "abuso" y un "fraude".
Por su importancia histórica reproducimos la carta-denuncia de estos 200 magistrados, entre los cuales destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García:
CONTRA EL INDULTO COMO FRAUDE EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LA DIGNIDAD
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno. El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.
Entendemos, y así queremos manifestarlo públicamente, que la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio (...)
Los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación. Yproteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático (...)
No existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional.
La tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento.
Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores.Manifiesto de jueces contra el indulto a policías torturadores
Cuando los jueces rompen el silencio es que algo se mueve en España.
0 comentarios: